La pregunta que una escuela no puede esquivar
“¿Qué pasó el 3J?”
La pregunta apareció en redes. Puede haber sido una burla. Puede haber sido una provocación. Puede haber sido ignorancia real. Pero, en cualquiera de los tres casos, obliga a mirar un problema de frente: si todavía hay quienes no saben qué pasó el 3 de junio, entonces algo está fallando en la transmisión de la memoria democrática, en la educación en derechos y en la prevención de la violencia de género.
El 3 de junio no es una fecha decorativa. No es una consigna para una cartelera. No es un tema “de algunas docentes”. El 3J recuerda la primera gran movilización de Ni Una Menos, en 2015, después del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Rufino, Santa Fe. Desde entonces, esa fecha se convirtió en un punto de inflexión: la violencia machista dejó de ser narrada como una suma de tragedias privadas y empezó a ser nombrada como un problema político, social, judicial, educativo y cultural.
La pregunta, entonces, no es solo qué pasó el 3J. La pregunta es otra: ¿por qué una escuela no lo explicaría?
La escuela tiene una obligación. No una sugerencia. No una preferencia ideológica. No una actividad opcional para cuando “hay tiempo”. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral establece que todas y todos los estudiantes tienen derecho a recibir ESI en establecimientos educativos públicos y privados, de gestión estatal y privada. La ley define la educación sexual integral como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. También establece que las jurisdicciones deben garantizar acciones educativas sistemáticas durante el ciclo lectivo.
Una directora o un director no puede tratar la ESI como un favor, una molestia o una concesión. Tiene responsabilidades institucionales. Debe garantizar derechos. Debe acompañar a las y los docentes. Debe habilitar espacios de trabajo pedagógico. Debe cuidar que la escuela no se convierta en un lugar donde la violencia de género sea un tema prohibido, minimizado o condicionado por el miedo al conflicto.
Porque la ESI no “adoctrina”. La ESI enseña a reconocer señales de violencia. Enseña consentimiento. Enseña vínculos responsables. Enseña que los celos no son amor. Que controlar no es cuidar. Que aislar a una pareja no es quererla. Que una amenaza no es una discusión. Que nadie tiene derecho sobre el cuerpo, la libertad ni la vida de otra persona.
Y eso salva vidas.
Cuando una escuela obstaculiza el 3J, el 8M o el 25N, no está defendiendo la neutralidad. Está debilitando una política pública. Está dejando solas a las docentes y los docentes que sí cumplen con su tarea. Está enviando un mensaje peligroso a estudiantes que necesitan herramientas para reconocer la violencia antes de que sea tarde.
El caso del Instituto Superior de Profesorado N.º 4 “Ángel Cárcano” de Reconquista merece ser nombrado porque muestra lo que no debería ocurrir en una institución formadora de docentes. El instituto existe como institución de formación superior en Reconquista y forma parte de la oferta educativa de la ciudad. En 2022 se publicaron en los medios y redes cuestionamientos públicos hacia la entonces directora Isabel del Castillo, ya jubilada, por decisiones señaladas como obstaculizadoras de actividades vinculadas al 3J, a las luchas feministas y a la comunidad LGBTIQ+.
El problema de fondo no es una disputa personal. El problema es institucional. Según esos cuestionamientos y testimonios de organizaciones feministas, cuando se señalaron esos obstáculos, la respuesta no fue abrir una discusión seria sobre ESI, derechos y responsabilidad educativa. La respuesta habría sido colocarse en el lugar de víctima, hablar de “escraches” y desplazar el debate desde las ideas hacia ataques personales contra integrantes de organizaciones feministas.
Ese mecanismo también debe ser analizado. Porque cuando una autoridad educativa convierte la crítica feminista en una agresión personal, evita responder la pregunta central: ¿cumplió o no cumplió la institución con su obligación de garantizar espacios de memoria, igualdad y prevención de la violencia?
Después hubo otro episodio señalado por integrantes de la comunidad educativa: Sandra Llanes, la directora posterior habría ordenado retirar cartelería del 3J con imágenes de mujeres asesinadas víctimas de femicidio con el argumento de que debía pedirse permiso a las familias para exhibir sus fotos. Toda actividad pedagógica sobre femicidios debe realizarse con cuidado, respeto y responsabilidad. Pero ese argumento, usado de manera automática para retirar una intervención de memoria, corre el riesgo de convertirse en censura.
La pregunta vuelve: ¿qué se protege cuando se quita una cartelera sobre femicidios?
¿La dignidad de las víctimas?
¿La sensibilidad de la comunidad?
¿O la comodidad de una institución que prefiere no incomodar?
Nombrar a las víctimas no es morbo si se hace con respeto. Recordar no es utilizar el dolor ajeno si se trabaja con criterio pedagógico. Mostrar los rostros de mujeres asesinadas no debería ser leído como una amenaza, sino como una advertencia social: esto ocurrió, esto ocurre, esto puede prevenirse, esto no puede ser naturalizado.
La Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tiene entre sus objetivos garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, sensibilizar y prevenir la violencia, remover patrones socioculturales que sostienen la desigualdad y desarrollar políticas públicas interinstitucionales. La escuela forma parte de esa trama institucional. No puede declararse ajena.
Y en Reconquista la urgencia no es abstracta.
El 12 de enero de 2026, la ciudad fue sacudida por el femicidio de Analía Haydee Colomer. Medios provinciales informaron que fue asesinada en barrio Center y que el sospechoso, su pareja, intentó suicidarse; la causa fue investigada bajo la figura de femicidio. En mayo de 2026, otro hecho volvió a poner a Reconquista frente a la violencia letal de género: Teresa Faulkner, de 58 años, fue hallada asesinada con arma de fuego en barrio Center; la principal hipótesis judicial informada por la prensa fue femicidio seguido de suicidio.
Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del 3J en las escuelas?
Hablamos de una ciudad donde mujeres fueron asesinadas.
Hablamos de estudiantes que necesitan saber detectar señales de violencia.
Hablamos de docentes que necesitan respaldo, no persecución.
Hablamos de directoras y directores que deben garantizar derechos, no bloquearlos.
Cada vez que una profesora trabaja ESI y recibe presiones, la escuela pierde autoridad democrática. Cada vez que un profesor enseña consentimiento y se lo acusa de “ideologizar”, gana terreno la desinformación. Cada vez que una cartelera del 3J se retira para evitar problemas, el mensaje es claro: mejor callar.
Pero callar no previene. Callar no cuida. Callar no salva.
Los datos nacionales confirman la gravedad. En 2024, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina contabilizó 228 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado: 247 víctimas letales de violencia de género en el país. En promedio, hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas.
Frente a ese escenario, una escuela no puede responder con evasivas administrativas. No alcanza con decir “no generemos conflicto”. El conflicto ya existe. Está en las casas, en las parejas adolescentes, en los vínculos atravesados por control, en las amenazas, en las denuncias que no llegan, en las violencias que nadie sabe nombrar.
La función de la escuela no es esconder el conflicto. Es darle palabras, contexto, herramientas y derechos.
Por eso el 3J debe explicarse. En primaria, en secundaria, en los institutos de formación docente. Debe trabajarse con materiales adecuados a cada edad, con perspectiva de derechos, con información precisa, con acompañamiento institucional. Y especialmente debe trabajarse en los profesorados, porque allí se forman quienes después estarán frente a las aulas.
Una directora no debe obstaculizar el 3J.
No debe perseguir a quienes impulsan la ESI.
No debe convertir la crítica feminista en una afrenta personal.
No debe retirar memoria para evitar incomodidades.
No debe confundir prudencia con silencio.
Una directora o un director debe garantizar derechos. Debe cuidar a sus docentes cuando cumplen la ley. Debe sostener espacios de formación. Debe comprender que una institución educativa no se mide solo por su edificio, sus actos formales o sus discursos de gestión, sino también por su capacidad de estar a la altura de los problemas de su tiempo.
Y la violencia de género es uno de esos problemas.
“¿Qué pasó el 3J?”, preguntaron.
Pasó que miles de mujeres dijeron basta.
Pasó que el país empezó a nombrar los femicidios como femicidios.
Pasó que la violencia machista dejó de ser un asunto privado para convertirse en una demanda pública.
Pasó que la memoria salió a la calle.
Pasó que una consigna se volvió obligación ética: Ni Una Menos.
Pero hoy la pregunta más importante no mira solo al pasado.
La pregunta es qué hacemos ahora.
Qué hacen las escuelas.
Qué hacen los equipos directivos.
Qué hace el Estado.
Qué hacen los profesorados.
Qué hacemos como comunidad cuando una docente es señalada por enseñar derechos.
Qué hacemos cuando una cartelera sobre mujeres asesinadas incomoda más que los femicidios mismos.
El 3J no se celebra como una fiesta. Se conmemora. Se enseña. Se defiende. Se trabaja.
Porque la ESI no es un adorno curricular. Es prevención.
Porque la memoria no es una amenaza. Es una herramienta democrática.
Porque las docentes y los docentes que educan contra la violencia no son el problema: son parte de la respuesta.
Y porque, cuando hablamos de violencia de género, la diferencia entre explicar y callar puede ser la diferencia entre llegar a tiempo o volver a llegar tarde.