Cada vez que una escuela decide trabajar la Educación Sexual Integral, cada vez que organiza una jornada por el 8M, por el 25N o por el 3 de junio, está haciendo mucho más que una actividad escolar. Está abriendo una conversación social imprescindible. Está diciendo, con la fuerza pedagógica de lo colectivo, que la violencia de género no es un asunto privado, que la discriminación no es una opinión más, que la diversidad sexual no es una amenaza y que la igualdad no puede quedar afuera del aula.
La escuela no es una isla. Entran en ella las desigualdades, los mandatos de género, los prejuicios, las violencias, los silencios familiares, los discursos de odio, las burlas, los miedos y también las esperanzas. Por eso, cuando una institución educativa se anima a trabajar estos temas, no “interrumpe” la enseñanza: la vuelve más humana, más democrática y más necesaria.
La Ley 26.150 reconoce el derecho de todos los educandos a recibir Educación Sexual Integral en establecimientos educativos públicos y privados. La ESI no se reduce a una charla biológica ni a un contenido aislado: articula dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. Es decir, enseña a conocer el cuerpo, pero también a respetar el cuerpo ajeno; enseña derechos, pero también responsabilidades; enseña a nombrar la violencia, pero también a construir vínculos más libres, igualitarios y cuidados.
A su vez, la Ley 27.234 establece la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en establecimientos educativos públicos y privados. Su objetivo es que estudiantes y docentes desarrollen saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. También la Ley 26.485 reconoce la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley 26.743 garantiza el derecho a la identidad de género y al trato digno conforme a la identidad autopercibida.
Este marco normativo deja algo claro: hablar de género, de violencia, de derechos, de consentimiento, de diversidad sexual y de igualdad no es una ocurrencia de docentes comprometidas y comprometidos. Es parte de la responsabilidad institucional de la escuela. Es, además, parte del derecho del profesorado a ejercer su tarea en un ámbito de libertad pedagógica, con respaldo legal y con acompañamiento del equipo educativo.
Sin embargo, sabemos que no siempre ocurre así. En muchos centros educativos, quienes intentan organizar actividades por el 8M, el 25N o el 3 de junio se encuentran con obstáculos, desautorizaciones, comentarios despectivos, presiones veladas o abiertas formas de hostigamiento. A veces la resistencia viene de colegas. A veces de familias. Y a veces, de manera especialmente grave, de quienes ocupan cargos directivos.
El caso de la ex directora del Instituto Superior de Profesorado N° 4, Isabel del Castillo, ya jubilada, permite ponerle nombre a una escena que muchas y muchos docentes conocen demasiado bien: una autoridad institucional que habría impedido o dificultado la exposición de temáticas vinculadas al feminismo, la violencia de género o la diversidad sexual, mientras calificaba como “escraches” los reclamos y reivindicaciones feministas. Al mismo tiempo, se presentaba públicamente como defensora de los derechos y de la libertad de expresión.
La contradicción es evidente y merece ser pensada con seriedad. Defender la libertad de expresión no puede significar impedir que se hable de violencia de género. Defender los derechos no puede implicar deslegitimar a quienes reclaman igualdad. Y conducir una institución educativa no puede habilitar ataques personales, difamaciones o juicios morales contra integrantes concretas de organizaciones feministas o de la comunidad educativa.
Ese tipo de prácticas no deberían tener lugar en un profesorado ni en ningún centro educativo. No solo porque deterioran la convivencia institucional, sino porque generan un clima de temor, señalamiento y autocensura. Cuando una docente o un docente siente que puede ser expuesto, descalificado o perseguido por trabajar contenidos amparados por la ley, lo que se lesiona no es solo su tarea individual: se debilita el derecho de toda la comunidad educativa a recibir una formación democrática, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.
Una institución educativa no puede convertirse en un espacio donde el profesorado tenga que pedir permiso para cumplir la ley. No puede ser un lugar donde trabajar la ESI dependa del humor, la ideología o la comodidad de una autoridad. No puede ser un ámbito donde las jornadas de prevención de la violencia de género sean tratadas como provocaciones. Y no puede ser, bajo ningún concepto, un espacio donde quienes defienden derechos sean presentados como un problema.
Porque el problema no es la docente que organiza una actividad por el 3 de junio.
El problema no es el profesor que propone debatir sobre consentimiento.
El problema no es quien coloca una cartelera sobre Ni Una Menos.
El problema no es quien acompaña a estudiantes LGBTIQ+.
El problema no es quien enseña que la igualdad también se aprende.
El problema aparece cuando una institución prefiere el silencio antes que la prevención. Cuando una autoridad confunde conducción con censura. Cuando se invoca la libertad de expresión para desautorizar reclamos feministas. Cuando se ataca personalmente a quienes integran organizaciones o colectivos que exigen derechos. Cuando se transmite al profesorado el mensaje de que educar en igualdad puede traer consecuencias.
Eso no es un clima educativo sano. Eso no es libertad. Eso no es democracia institucional.
El profesorado tiene derecho a ejercer su trabajo en un ámbito de libertad, respeto y respaldo. Tiene derecho a planificar actividades de ESI sin temor a represalias. Tiene derecho a desarrollar jornadas de reflexión sobre violencia de género con apoyo del equipo directivo. Tiene derecho a ser acompañado cuando aborda situaciones sensibles. Tiene derecho a que su tarea pedagógica sea reconocida como parte de una política pública, no sospechada como una militancia indebida.
Y también tiene una responsabilidad enorme: no desistir.
Porque la indiferencia también educa.
Educa cuando una estudiante aprende que es mejor callar.
Educa cuando un adolescente entiende que burlarse de una compañera no tiene consecuencias.
Educa cuando una persona trans o no binaria percibe que su identidad será aceptada solo mientras no incomode.
Educa cuando una docente comprometida es señalada como “problemática” por cumplir con una tarea pedagógica y legal.
Educa cuando se transmite la idea de que hablar de femicidios, abusos, discriminación o desigualdad es “exagerado”, “conflictivo” o “innecesario”.
Pero la escuela puede educar de otra manera.
Puede enseñar que los vínculos no deben basarse en el control. Puede enseñar que los celos no son amor. Puede enseñar que el consentimiento importa. Puede enseñar que ninguna persona debe ser humillada por su cuerpo, su identidad de género, su orientación sexual, su forma de vestir o su manera de vivir. Puede enseñar que la violencia machista no empieza únicamente en el golpe, sino también en el chiste cruel, en la descalificación, en el aislamiento, en el mandato de obediencia, en la naturalización del miedo.
El 3 de junio, fecha asociada al grito colectivo de Ni Una Menos, debe ser entendido como una oportunidad pedagógica irrenunciable. No es una fecha decorativa. No es una consigna para repetir sin pensar. Es una invitación a preguntarnos qué estamos haciendo, como comunidad educativa, para que ninguna niña, adolescente, mujer o persona LGBTIQ+ tenga que vivir con miedo, vergüenza o discriminación.
Y por eso es tan necesario reconocer la tarea de las y los docentes que no desisten.
A quienes preparan una jornada aunque sepan que habrá resistencia.
A quienes sostienen una bandera aunque alguien quiera bajarla.
A quienes acompañan a estudiantes que se animan a contar una situación de violencia.
A quienes hablan de diversidad sexual aunque haya colegas que murmuren.
A quienes defienden la ESI aunque se las acuse de “adoctrinar”.
A quienes no confunden prudencia con cobardía ni convivencia institucional con silencio.
Su trabajo importa. Importa profundamente.
Porque la ESI no crea conflictos: permite nombrar conflictos que ya existen. Las jornadas por el 8M, el 25N o el 3 de junio no inventan la violencia de género: ofrecen herramientas para reconocerla, prevenirla y enfrentarla. El respeto a la diversidad sexual no amenaza a nadie: amplía la democracia cotidiana. Y una escuela que educa en igualdad no pierde autoridad; la ejerce en su sentido más noble.
El ejemplo de Isabel del Castillo permite comprender por qué estas discusiones no son abstractas. No estamos hablando solo de leyes, programas o efemérides. Estamos hablando de decisiones concretas: permitir o impedir, acompañar o aislar, abrir la palabra o clausurarla, cuidar o mirar para otro lado. Estamos hablando de si una institución educativa protege al profesorado que cumple con su tarea o lo deja expuesto. Estamos hablando de si una dirección promueve un clima de libertad o instala miedo.
En cada una de esas decisiones se juega el tipo de institución que queremos construir.
Una escuela puede reproducir el orden existente, con sus jerarquías, sus desigualdades y sus violencias naturalizadas. O puede convertirse en un espacio de transformación social. Puede ser un edificio donde se administran contenidos, o puede ser una comunidad donde se aprende a vivir con más justicia. Puede enseñar a obedecer silencios, o puede enseñar a pensar críticamente. Puede formar personas indiferentes, o puede formar ciudadanas y ciudadanos capaces de reconocer el dolor ajeno y actuar frente a la injusticia.
La tesis es simple, pero poderosa: los centros educativos son lugares privilegiados de transformación social. Allí se disputa no solo lo que se sabe, sino también lo que se considera digno, justo, posible y humano.
Por eso, cuando una docente o un docente decide trabajar el 3 de junio, no está haciendo una actividad menor. Está diciendo que las vidas importan. Está diciendo que la escuela no puede ser neutral frente a los femicidios, los abusos, la discriminación y la violencia. Está diciendo que educar también es cuidar. Y que cuidar, en una sociedad desigual, es una forma concreta de justicia.
A esas y esos docentes hay que felicitarlos. Hay que acompañarlos. Hay que defender su tarea. Porque muchas veces sostienen estas prácticas en soledad, en contextos hostiles, bajo miradas acusatorias o frente a autoridades que prefieren evitar conflictos antes que cumplir con su responsabilidad educativa.
Pero la historia de los derechos demuestra algo: cada avance empezó con alguien que se animó a incomodar.
Que este 3 de junio las escuelas no bajen la voz. Que no se escondan las carteleras. Que no se silencien las preguntas. Que no se castigue a quienes enseñan igualdad. Que ninguna autoridad use la palabra “libertad” para impedir que otras voces hablen de derechos. Que ningún equipo directivo abandone al profesorado que cumple con las leyes educativas y con una ética democrática del cuidado.
Porque una escuela que enseña ESI, que trabaja la violencia de género y que respeta la diversidad sexual no está desviándose de su misión. Está cumpliéndola.
Y cuando una escuela cumple esa misión, no solo educa para aprobar materias. Educa para vivir mejor. Educa para convivir sin miedo. Educa para construir una sociedad más humana, más igualitaria y más libre.