¿Qué significa hacer justicia en una sociedad donde la desigualdad marca el destino de tantas infancias?
Esta pregunta atravesó los tribunales de Reconquista el viernes 20 de diciembre de 2024, cuando el juez Martín Gauna Chapero pronunció la condena contra Ricardo Degoumois, abogado acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en su estudio jurídico. Su fallo, que sentenció al letrado a tres años de prisión en suspenso, inhabilitándolo de por vida para ejercer la abogacía, fue un paso significativo en la lucha por proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual.
El caso de Degoumois dejó en evidencia cómo las dinámicas de poder y privilegio suelen jugar en contra de las víctimas más vulnerables. A pesar de la posición social y los recursos del acusado, la justicia logró abrir un espacio para escuchar a la adolescente y dar peso a las pruebas que demostraron su culpabilidad. Este triunfo no solo pertenece a la víctima, sino también a un sistema judicial que valoró los testimonios de maestras, psicólogas, la madre de la menor (extorsionada en su momento para cambiar su declaración) y la denuncia del Ministerio de Educación.
El juez Gauna Chapero, al que vimos con una clara neutralidad durante todo el proceso, resolvió un caso complejo con profesionalismo. Aunque no se otorgó la prisión efectiva solicitada por los fiscales Alejandra del Río Ayala, Valentín Hereñú y Georgina Díaz, el fallo dejó un mensaje claro: no hay espacio para la impunidad. Entre las medidas de la condena, Degoumois es obligado a participar en programas de tratamiento especializado en agresores sexuales y violencia de género, y se le prohibió cualquier contacto con menores o la cercanía a la víctima.
Mientras la audiencia transcurría en los tribunales, afuera se vivía otro tipo de acompañamiento. Familias, amistades y organizaciones defensoras de los derechos de las infancias nos reunimos con tambores y cánticos que resonaron incluso dentro de la sala. Este acto simbólico mostró que la búsqueda de justicia no es solo un proceso legal, sino también un reclamo colectivo de una comunidad que se niega a callar.
El trabajo de la Fiscalía fue fundamental para desmantelar los intentos de la defensa de desacreditar a la víctima y manipular los hechos. Con una investigación exhaustiva y el respaldo de protocolos nacionales e internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, el equipo fiscal demostró cómo el abuso sexual infantil está arraigado en figuras de poder que aprovechan su estatus para perpetuar el silencio. La profesionalidad y preparación de los fiscales, encabezados por Alejandra del Río Ayala, dejaron en claro que las instituciones del Estado pueden y deben ser una herramienta efectiva para proteger a las infancias.
Al finalizar la audiencia, Degoumois intentó tener la última palabra, pero el juez, firme, le recordó que la sesión había concluido. Su arrogancia lo dejó hablando solo. Afuera, mientras la comunidad abrazaba a la madre de la menor en un acto de solidaridad y esperanza, Degoumois escapaba por la puerta trasera, incapaz de enfrentar a quienes habían hecho visible su delito.
Aunque no haya prisión efectiva, la condena social ya pesa sobre él. Su nombre, antes vinculado al prestigio profesional, ahora está asociado al abuso y al repudio generalizado. Su defensa, basada en una supuesta conspiración, se desmoronó frente a la contundencia de la verdad.
Este caso no solo hizo justicia para una víctima, sino que también encendió un debate necesario sobre cómo las estructuras de poder perpetúan el abuso y la vulnerabilidad de las infancias. En una sociedad donde muchas niñas y niños solo cuentan con el amparo del Estado, la importancia de una fiscalía comprometida y un sistema judicial que escuche no puede ser subestimada.
Y es que hoy podemos afirmar que la sentencia contra Ricardo Degoumois es el resultado del trabajo coordinado de diversas instituciones del Estado que arroparon a la niña y a su madre en su búsqueda de justicia. El Ministerio Público de la Acusación, liderado por los y las fiscales Alejandra del Río Ayala, Valentín Hereñú y Georgina Díaz, presentó un caso sólido y bien fundamentado, mientras que el Ministerio de Educación aportó denuncias clave y testimonios de las maestras que escucharon de primera mano el testimonio de la menor e identificaron señales de abuso. El CAJ Centro de Asistencia Judicial, organismo público que asiste a víctimas de delitos penales en el proceso judicial, acompañaron a la familia con contención emocional y asesoramiento especializado. Todo esto sumado al Poder Judicial de Santa Fe, encabezado por el juez Martín Gauna Chapero, quien garantizó un proceso respetuoso y neutral. Gracias a esta red de apoyo estatal, la niña y su madre pudieron sostener su denuncia, enfrentarse a las presiones y defender su dignidad con una valentía ejemplar.
La lucha contra el abuso infantil es larga y ardua, pero cada paso cuenta. Este fallo nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, la verdad tiene la capacidad de abrirse paso y que ninguna posición de privilegio puede callar las voces que claman por justicia. ¿Cómo seguimos construyendo un futuro donde las infancias estén realmente protegidas? La respuesta exige de todos nosotros compromiso, empatía y acción.
