Hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio contra el abogado Ricardo Degoumois, acusado de abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente de 14 años. La acusación, liderada por los fiscales Valentín Hereñú, Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala, junto con sus asistentes, busca probar cómo Degoumois, valiéndose de su posición de poder, habría cometido el delito en su estudio jurídico.
A la entrada del juzgado, la escena fue bastante elocuente. Los mismos carteles mediocres con mensajes en contra de la fiscalía que aparecieron ayer, aún sin firmar ni acompañados por nadie, seguían allí, ahora empapados por la lluvia y dejando una mugre desagradable en el ingreso. ¿A quién pertenecerán esos carteles? ¿Por qué nadie se hace cargo de lo que dicen? ¿Qué legitimidad pueden tener esos mensajes que ni siquiera quienes los promueven se atreven a sostener?
Por el contrario, los familiares y amistades de la víctima estaban juntos, juntas, organizados, con pancartas elaboradas y mensajes claros, dando la cara en apoyo a la adolescente. Con su presencia constante y visible, representan una lucha por la verdad y la dignidad que no se oculta en las sombras ni recurre a tácticas anónimas.
La escena en la sala de audiencias fue otro retrato de contrastes. De un lado, Degoumois, rodeado de sus abogados y del psicólogo Pablo Martínez Soares, cuestionado por defender teorías desacreditadas que buscan invalidar los relatos de niñas y niños en casos de abuso sexual. En el público, Rolando Quarín, otro abusador condenado, acompañaba al acusado, evidenciando una red de apoyo entre quienes han sido señalados por cometer delitos similares.
Del otro lado, el equipo fiscal, integrado por Hereñú, Díaz y Del Río Ayala, se presentó como un bloque sólido: firme, organizado y preparado. Con lucidez y profesionalismo, enfrentaron las tácticas del acusado, quien ejerce su propia defensa. En varios momentos, la claridad y contundencia del bloque acusador hicieron que Degoumois se mostrara visiblemente incómodo, incluso enfurecido.
Fue llamativa la presencia del psicólogo Martínez Soares, conocido por teorías que carecen de sustento científico y que han sido rechazadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psicología (APA). Estas teorías, que hablan de madres que inoculan ideas de abusos sexuales en las mentes de sus hijos y de la implantación de falsas memorias, son herramientas utilizadas para deslegitimar a las víctimas y perpetuar la impunidad.
Soares ya había trabajado junto a la psicóloga Berroni en el polémico caso de César Lebus, absuelto en primera instancia por abusar sexualmente de sus propios hijos pero condenado a 14 años de prisión en la segunda instancia, por un tribunal que reconoció, según los marcos internacionales, el valor de la voz de las infancias en procesos penales.
En esa ocasión, ambos sostuvieron que la madre había implantado en el niño recuerdos de abuso. Estas posturas, además de ser repudiadas por la comunidad académica, representan un peligro real al desviar el foco de las investigaciones y desacreditar a los menores que se animan a denunciar.
En este escenario, Degoumois cuenta con los recursos que le otorgan su poder adquisitivo: una defensa robusta, contactos y estrategias diseñadas para sembrar dudas en el tribunal. Mientras tanto, la víctima, proveniente de una comunidad humilde del Puerto de Reconquista, no tiene esas herramientas de poder, pero sí recursos muchos más valiosos: su verdad, el respaldo incondicional de su familia y su confianza en la justicia argentina.
Día tras día, su familia y amigos asisten al tribunal, reclamando justicia con una dignidad incuestionable. Su presencia constante recuerda que, aunque falten los medios económicos, la verdad y la justicia son derechos inalienables que no se compran.
El juicio contra Degoumois pone en evidencia las profundas desigualdades en el acceso a la justicia y el peligro de que teorías pseudocientíficas sigan infiltrándose en los procesos judiciales. ¿Cómo garantizar justicia cuando el poder económico permite instalar dudas sobre las víctimas?
Hoy más que nunca, es crucial que el sistema judicial priorice la protección de las infancias y actúe con base en principios éticos y científicos. La fiscalía ha demostrado que, frente a los privilegios, es posible actuar con integridad y profesionalismo.
La semana que viene continuará el juicio, y con él, la lucha por demostrar que en Argentina, la dignidad y la justicia no se compran. “A donde vayan los iremos a buscar. ¡Todas y todos contra el abuso infantil, caiga quien caiga!”.