En los últimos años, Argentina había logrado una reducción sostenida de la mortalidad infantil gracias a políticas públicas de salud, vacunación, controles prenatales y fortalecimiento del sistema sanitario. Sin embargo, los datos más recientes muestran un cambio preocupante de tendencia.
Según información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, en 2023 se registró un aumento de la tasa de mortalidad infantil, rompiendo una trayectoria de más de una década de descenso. Este indicador —que mide las muertes de niños y niñas menores de un año cada mil nacidos vivos— es uno de los más sensibles para evaluar la calidad del sistema de salud y las condiciones de vida de una sociedad.
El aumento registrado plantea la necesidad de analizar cuáles son los factores que están detrás del crecimiento de la mortalidad infantil.
Los datos disponibles permiten identificar causas estructurales, no hechos aislados.
En primer lugar, se registra un deterioro progresivo del acceso a la salud pública, especialmente en la atención materno-infantil. La mayoría de las muertes infantiles están asociadas a causas evitables: complicaciones perinatales, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias, diarreas y falta de controles oportunos.
Informes del Ministerio de Salud, de la OPS/OMS y del UNICEF coinciden en que la reducción de controles prenatales aumenta el riesgo de partos prematuros. La saturación o desfinanciación de hospitales públicos retrasa diagnósticos y ka discontinuidad en programas materno-infantiles impacta directamente en la sobrevida neonatal.
En segundo lugar, el incremento de la pobreza y la profundización de las desigualdades sociales inciden directamente en el aumento de la mortalidad infantil.
Según el INDEC, más del 50 % de los niños y niñas en Argentina viven en hogares pobres, y la pobreza tiene una relación directa con malnutrición durante el embarazo, viviendas precarias, falta de acceso a agua segura y saneamiento y dificultades para trasladarse a centros de salud
UNICEF ha advertido reiteradamente que la pobreza infantil es un determinante clave de la mortalidad infantil, incluso en países con sistemas sanitarios desarrollados.
En tercer lugar, la distribución desigual de las tareas de cuidado —que recaen en su mayoría sobre las mujeres— profundiza los riesgos en contextos de pobreza y fragilidad del sistema de salud.
Desde una perspectiva de salud pública y de género, diversos estudios (OPS, CEPAL) muestran que las mujeres —especialmente en sectores populares— concentran las tareas de cuidado, incluso durante el embarazo. La sobrecarga física y emocional, sumada a trabajos informales y no remunerados, impacta en la salud materna y fetal. Menos tiempo y recursos para controles médicos implican mayor riesgo.
Esto no es una cuestión individual, sino una falla estructural en la organización social del cuidado.
Finalmente, las persistentes desigualdades territoriales profundizan el riesgo de mortalidad infantil.
Y es que las tasas de mortalidad infantil no son homogéneas, son más altas en el norte argentino y en zonas rurales o periurbanas. coinciden con menor infraestructura sanitaria y mayor pobreza estructural.
El propio Ministerio de Salud señala que las brechas entre provincias se han ampliado, lo que indica un debilitamiento de políticas de equidad territorial.
Este indicador debería preocuparnos porque sintetiza el impacto de las políticas públicas, las desigualdades sociales y el acceso real a la salud.
La mortalidad infantil no es solo un número. Es un indicador síntesis. Refleja el estado del sistema de salud, expone las condiciones de vida de las familias y mide el impacto real de las políticas públicas.
Cuando aumenta la mortalidad infantil, no estamos frente a una fatalidad, sino frente a decisiones políticas, económicas y sociales que tienen consecuencias concretas.