Las primeras denuncias fueron presentadas en 2023. Nueve mujeres terminaron formando parte de una investigación por hechos que, según la acusación fiscal, ocurrieron durante más de dos décadas dentro de una misma familia. Después de un recorrido que las denunciantes describieron como desgastante y revictimizante, este miércoles 2 de septiembre se conocerá la sentencia.
“Las niñas pequeñas no se quedan pequeñas por siempre”.
La frase pertenece a la carta que ocho mujeres de Tostado hicieron pública en abril de 2024. Para entonces tenían alrededor de treinta años. Cuando eran niñas —algunas de apenas seis, siete u ocho—, aseguran haber sufrido abusos sexuales reiterados por parte de un hombre de su propia familia. Mañana, más de tres años después de las primeras denuncias judiciales, aquella historia llegará a una instancia decisiva: la Justicia dará a conocer su sentencia.
La investigación terminó siendo todavía más amplia que aquella primera denuncia pública. La Fiscalía acusó a Carlos Santiago Bruna por delitos contra la integridad sexual de nueve integrantes de su entorno familiar, por hechos situados entre 1989 y 2010. En septiembre de 2024 quedó en prisión preventiva por decisión judicial mientras avanzaba la causa. Pero la historia había comenzado mucho antes de llegar a los tribunales.
Las primeras denuncias fueron presentadas entre fines de agosto y comienzos de septiembre de 2023. Meses después, el 24 de abril de 2024, varias de las denunciantes decidieron hacer público lo que estaban atravesando. Fueron al programa Que entren los que quieran, de FM Soon, y leyeron una carta que luego difundió Tostado Cable TV. Allí contaron que uno de los momentos que cambió sus vidas ocurrió durante un encuentro familiar, alrededor de unos mates. Mientras intentaban reconstruir recuerdos de la infancia, aparecieron otros. Más dolorosos.
Al hablar, descubrieron que aquello que cada una había cargado durante años como una experiencia individual también estaba presente en la historia de las demás. Eran familiares. Y ahora sabían que compartían algo más: relatos de violencia sexual sufrida durante la niñez y el señalamiento de una misma persona. Ese encuentro permite entender una pregunta que todavía persigue con demasiada frecuencia a quienes atravesaron violencia sexual en la infancia: ¿por qué hablaron tantos años después?
Tenían seis, siete u ocho años. A esa edad, comprender qué está ocurriendo, reconocer una agresión, encontrar palabras para nombrarla, atravesar el miedo y además señalar a alguien de la propia familia puede ser extremadamente difícil. Los organismos especializados advierten desde hace años que la revelación de la violencia sexual infantil no suele producirse de manera inmediata ni lineal. Influyen la edad, la dependencia respecto de las personas adultas, el miedo, la vergüenza, los vínculos familiares y, sobre todo, la posibilidad de sentirse creída y protegida. Por eso, el paso del tiempo no necesariamente contradice un relato. Muchas veces forma parte de él.
Cuando acudieron a la Justicia en 2023, las mujeres habían atravesado una primera barrera: contar. Y es que además quisieron hacerlo porque sospechaban que ese hombre seguía abusando de otros niños y niñas de lugar. Así que, durante meses buscaron respuestas en distintas instituciones sin encontrar el acompañamiento que necesitaban. Acudieron reiteradamente a la Fiscalía local y también al Centro de Asistencia Judicial de Tostado. Llegaron a escuchar que la causa tenía pocas posibilidades de avanzar porque los hechos eran antiguos y podían estar prescriptos. También llevaron su reclamo a la conducción regional del Ministerio Público de la Acusación, encabezada por el fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5, Carlos María Vottero.
En medio de ese recorrido, una religiosa de San José las escuchó y las vinculó con nuestra Asociación Civil. Ese acompañamiento permitió llevar el reclamo hasta la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, conducida por María Cecilia Vranicich.
A partir de ese contacto, empezamos a escuchar a las mujeres. Lo que encontramos fue un recorrido atravesado por reiteradas dificultades para obtener respuestas. Habían acudido una y otra vez a la Fiscalía local y, en distintas oportunidades, debieron regresar sin ser atendidas. Llegaron incluso a escuchar que se trataba de una causa con escasas posibilidades de prosperar porque los hechos eran antiguos y podían considerarse prescriptos. La respuesta institucional que esperaban no apareció ni en la Fiscalía local ni cuando buscaron otras instancias de acompañamiento. Ese cuestionamiento alcanza también al Centro de Asistencia Judicial de Tostado, tampoco encontraron allí la escucha y la contención que estaban buscando. El reclamo llegó también a la Fiscalía Regional de Rafaela, a cargo de Carlos María Vottero. Sin embargo, tampoco allí las denunciantes encontraron una respuesta capaz de destrabar la investigación.
El punto de inflexión llegó cuando ante los reiterados fracasos en instancias previas, está asociación civil presenta el reclamo a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, conducida por María Cecilia Vranicich. Fue desde esa instancia que comenzó un seguimiento diferente del caso y que intervino la fiscala Alejandra Del Río Ayala, especializada en violencia de género, familiar y sexual.
Cómo resultado de las investigaciones y pruebas recolectadas por la fiscala Del Río Ayala, el 25 de septiembre de 2024, Carlos Santiago Bruna quedó en prisión preventiva por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria Juan Gabriel Peralta.
La causa que públicamente había comenzado con ocho mujeres incorporaba ahora a una novena integrante del entorno familiar del acusado. La investigación sumó, además, otro elemento. Durante un allanamiento realizado en el domicilio del acusado, la Fiscalía informó el secuestro de una computadora en la que fueron localizados 12 videos y 24 fotografías con contenido sexual protagonizado por niñas, niños y adolescentes. A partir de ese hallazgo, el imputado recibió también una atribución penal por tenencia de material de abuso sexual infantil.
Mañana la sentencia pondrá una respuesta judicial sobre una historia atravesada por años de silencio, espera y reclamos. Será también una medida de cuánto puede hacer el sistema cuando las víctimas logran romper el silencio y sostener su palabra frente a las instituciones. Después de tantos años, la Justicia deberá responder.