Este jueves 6 de agosto, el Senado debatirá un proyecto que puede modificar los límites sobre la compra de tierras rurales, los desalojos y las expropiaciones. Para Santa Fe, la discusión toca asuntos muy concretos: el Paraná, los humedales, el agua, la producción y las comunidades que viven en esos territorios.
Una empresa compra miles de hectáreas. Dentro del terreno hay un humedal, una laguna, un acceso al río o una zona cercana a la frontera. La tierra sigue estando en Argentina, pero parte de las decisiones sobre ese lugar cambia de manos.
Este jueves 6 de agosto, el Senado retomará el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también modifica reglas sobre expropiaciones y desalojos. Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de elevar del 15 % al 25 % el límite de tierras rurales en manos extranjeras. En términos simples: hasta una cuarta parte del territorio rural del país podría pertenecer a personas o empresas de otros países.
La discusión no pasa por afirmar que toda inversión extranjera es negativa. La pregunta es otra: cuánto poder obtiene quien compra y qué capacidad conserva el Estado para controlar, poner límites y proteger recursos estratégicos.
No se compran solo hectáreas
Una propiedad rural puede incluir montes, bañados, cursos de agua, caminos, reservas subterráneas o tierras productivas. Comprar un terreno no convierte automáticamente el agua en propiedad privada, pero sí puede darle al comprador una posición privilegiada para decidir qué actividades se realizan, qué infraestructura se instala y cómo se accede al lugar.
Pensemos en una sequía. Una localidad necesita agua para sus habitantes y una empresa la requiere para mantener su producción. ¿Quién tendrá prioridad? ¿Cuánto podrá extraerse? ¿Quién controlará los residuos? ¿Quién responderá si la fuente se contamina?
La palabra “inversión” suele venir acompañada de promesas de empleo y crecimiento. Pero una inversión responsable también debe explicar quiénes son sus verdaderos propietarios, cuánta tierra concentrará, qué recursos utilizará, dónde tributará y quién asumirá los costos si provoca daños.
Sin esas respuestas, la ganancia puede quedar en manos privadas y el riesgo, en manos de toda la comunidad.
Las fronteras no son terrenos cualquiera
Las tierras cercanas a las fronteras tienen un valor especial. Allí puede haber pasos internacionales, rutas, ríos compartidos, infraestructura energética y zonas importantes para la seguridad y la defensa del país.
El problema no es que una persona extranjera compre por el solo hecho de ser extranjera. El riesgo aparece cuando el Estado pierde información o capacidad de control sobre territorios sensibles, especialmente si detrás de la compra existen sociedades difíciles de identificar.
Una gran propiedad en una zona fronteriza puede abarcar caminos estratégicos, accesos a cursos de agua o áreas con poca presencia estatal. Por eso, antes de autorizar una operación, debería saberse con claridad quién compra, para qué y qué herramientas conservará el país para intervenir si surge un conflicto.
Una frontera no puede tratarse como una parcela más.
La tierra no siempre está vacía
En un registro, una parcela puede figurar a nombre de una sola persona. En la vida real, allí pueden vivir familias campesinas, pequeños productores o comunidades indígenas que trabajan y cuidan ese territorio desde hace generaciones, aunque todavía no tengan sus títulos regularizados.
El proyecto también busca acelerar algunos desalojos. Un procedimiento más breve puede dejar menos tiempo para conseguir asesoramiento, presentar pruebas o encontrar otra vivienda.
Un expediente muestra un número de lote. No muestra la huerta, los animales, el trabajo, la escuela cercana ni la red de cuidados construida alrededor de una casa. Perder la tierra puede significar perder todo eso al mismo tiempo.
Tres votos por Santa Fe
Santa Fe está representada en el Senado por Carolina Losada, Marcelo Lewandowski y Eduardo Galaretto. Sus votos formarán parte de una decisión que toca de lleno a una provincia atravesada por el Paraná, los humedales, los puertos y la producción agropecuaria.
Antes de votar, deberían explicar qué límites defenderán, cómo se protegerán las fuentes de agua, qué controles se mantendrán en las zonas fronterizas y qué garantías tendrán las comunidades que todavía esperan la regularización de sus tierras.
No alcanza con levantar la mano. Representar también significa explicar.
Este jueves no se debate solamente quién puede comprar un campo. Se debate cuánto territorio puede concentrarse, qué controles conservará el país y quién tendrá poder sobre el agua, la producción y las zonas estratégicas.
La soberanía también empieza ahí: en la posibilidad de decidir qué ocurre con la tierra que produce nuestros alimentos, el agua que bebemos y las fronteras que protegen nuestro territorio.