César Lebus fue condenado a 14 años por abuso sexual infantil. Hoy, desde la cárcel, impulsa una campaña pública para presentarse como víctima de una falsa denuncia. Pero su carta no resiste el análisis jurídico ni ético: es parte de una peligrosa estrategia negacionista que busca deslegitimar el testimonio de las infancias.
César Lebus no está preso por un capricho judicial. Está condenado por abuso sexual infantil. Su sentencia, a 14 años de prisión, fue dictada por una Cámara de Apelaciones, tras analizar las pruebas del caso y revertir una absolución previa. La condena no se basa únicamente en el testimonio de la madre ni en el informe psicológico, como sugiere en su carta: se funda en un análisis complejo del caso, que incluyó pericias, declaraciones y evidencia contextual.
La justicia ya evaluó los elementos del proceso y los consideró suficientes para probar el abuso más allá de toda duda razonable, conforme lo exige el Código Procesal Penal de Santa Fe y los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El título de la carta, “Soy INOCENTE y estoy PRESO”, busca captar empatía e instalar la idea de una supuesta injusticia. Pero este tipo de relato es habitual en los agresores sexuales que, cuando se enfrentan a una condena firme, intentan revertir la narrativa mediante campañas públicas, desacreditando no sólo a las víctimas, sino al sistema judicial que los condenó.
Este guion de victimización invertida aparece también en otros casos recientes. En lugar de discutir la prueba dentro del proceso judicial, se busca construir un “caso mediático” en redes sociales, buscando influir en la opinión pública, muchas veces con datos manipulados o interpretaciones sesgadas.
La carta repite una estrategia discursiva muy conocida: culpar a la madre, hablar de “interferencia parental” y minimizar el valor de la Cámara Gesell, que es el medio más protegido y válido para escuchar a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso.
Contrariamente a lo que sostiene Lebus, las falsas denuncias en casos de abuso sexual infantil son extremadamente raras. Diversos estudios internacionales y organismos como UNICEF y el Comité de Derechos del Niño han advertido que el porcentaje de denuncias falsas es marginal, pero que el uso sistemático de este argumento silencia y desalienta a otras víctimas a denunciar.
El caso Lebus se inscribe en una campaña más amplia que intenta deslegitimar a fiscales y jueces cuando estos actúan con perspectiva de género y de derechos humanos. El próximo exjuez Santiago Banegas (se hace efectiva su renuncia el 1 de octubre de 2025), quien también apoya públicamente a otros acusados de abuso, repite argumentos similares: habla de “condenas con poca prueba”, de una “justicia ideologizada” y de un supuesto “colador” por donde “se condena a inocentes”. Sobre el caso Lebus, declaró que fue “muy probablemente una denuncia falsa” y que se “había inducido a dos menores a declarar contra su padre”. Lamentó que la Cámara haya condenado al acusado con lo que calificó como “una sentencia de muy mala calidad”.
Estas afirmaciones son gravísimas: acusa de mentir a una madre, de manipular a dos niños, y desacredita una condena firme dictada por un tribunal superior. Lejos de analizar la prueba, Banegas se posiciona públicamente como defensor del imputado, poniendo en duda el valor del testimonio infantil y el accionar judicial. Cuando un exjuez sostiene estas ideas sin pruebas, no aporta a la justicia: ataca su legitimidad.
Incluso llegó a sostener que el sistema judicial de Reconquista está deteriorado porque se dictó una condena por abuso sexual infantil contra uno de los «cuatro abogados más importantes de Reconquista» (Degoumois), otro imputado vinculado a una causa de abuso contra una niña de un entorno vulnerable, según manifestó en una entrevista realiza por el periodista Ignacio Mendoza en el célebre medio radial santafesino Aire de Santa Fe. Señaló además supuestas presiones del MPA, sin aportar ninguna prueba, sumándose a una narrativa que busca debilitar y desprestigiar su labor en Reconquista. En lugar de respaldar el trabajo judicial que protege a las infancias, estos discursos eligen desacreditarlo, promoviendo una visión regresiva que debilita la confianza pública en el acceso a la justicia para las víctimas.
Estas afirmaciones no sólo banalizan el sufrimiento de las víctimas, sino que ponen en duda la legitimidad del accionar judicial cuando este busca reparar desigualdades históricas, como lo exigen la Ley 26.485, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Cuando una persona condenada por abuso sexual infantil intenta revertir esa condena en redes sociales, después de haber sido juzgada con todas las garantías, no está reclamando justicia: está deslegitimando un fallo firme y socavando la autoridad del sistema judicial. Esa estrategia no busca reparación, sino impunidad.. Y cuando su narrativa se acompaña de campañas públicas para instalar el mito de las falsas denuncias, el daño no se limita al caso individual: se expande a toda la sociedad.
Además, la carta de Lebus incurre en varios argumentos falaces que refuerzan el guion clásico de quienes buscan deslegitimar denuncias de abuso. Acusa a la madre de “interferencia parental”, un concepto sin validez científica que ha sido rechazado por organismos internacionales por su uso para silenciar a víctimas. Cuestiona la actuación de la psicóloga que intervino en el caso, pero omite que su informe fue valorado por el tribunal conforme a derecho y no fue la única prueba en su contra. Asegura que el niño “no relató el abuso”, ignorando que el testimonio infantil en estos casos no requiere linealidad ni detalles adultos, y que los relatos fragmentarios son característicos en contextos traumáticos. Además, sostiene que su absolución inicial debió cerrarse como verdad definitiva, cuando el sistema procesal contempla —justamente— la revisión de fallos por parte de una Cámara, que en este caso dictó condena tras un nuevo análisis de la prueba. Por último, sugiere que sus hijos fueron “arrancados” de su familia por una mentira, invisibilizando que las medidas de resguardo que limitan el contacto con un progenitor acusado de abuso son parte de los mecanismos de protección previstos por la Ley 26.061 y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Las víctimas —especialmente las infancias— ya enfrentan enormes barreras para denunciar. Que una condena ejemplar sea convertida en una campaña de desinformación es un retroceso que no podemos permitir. Necesitamos una justicia que escuche, que actúe con perspectiva de género y que no se deje amedrentar por quienes pretenden mantener intactos los privilegios del patriarcado.